En la Región de Murcia hay muchos bloques de tres alturas sin ascensor. En Cartagena, por ejemplo, son 16.000 viviendas las que esperan una mejora de accesibilidad. Es habitual que estas comunidades no tengan administrador y que el presidente rotatorio lleve solo la cuenta corriente. Instalar un elevador es posible, pero exige seguir un orden claro antes de buscar empresas.
No llames a cualquiera para pedir precio. Primero, la junta debe aprobar el gasto con doble mayoría, según la Ley de Propiedad Horizontal. Si algún vecino tiene más de 70 años o discapacidad, la obra puede ser obligatoria si las ayudas cubren el exceso de doce meses de gastos comunes. La CARM ofrece subvenciones de hasta el 80 % en estos casos.
ELEVACAT ayuda a comparar ofertas locales con criterios justos. Recuerda que la instalación tributa al 21 % de IVA y requiere proyecto visado y licencia municipal. El voto lo emite el propietario, no el inquilino. Así se evita confusiones y conflictos innecesarios durante el proceso.
El presidente de una comunidad pequeña ante la obra del ascensor
En una finca pequeña de Murcia o Cartagena, lo normal es que no haya administrador externo. La Ley de Propiedad Horizontal permite que el presidente asuma también las funciones de secretario y administrador si los estatutos no dicen lo contrario. Esto implica llevar el libro de actas, redactar las minutas de la junta y ejecutar los acuerdos votados. Ojo: en la junta solo vota el propietario; un inquilino puede asistir si trae una delegación escrita, pero quien firma el encargo es el dueño.
Para contratar el ascensor sin sustos, necesitas por escrito el acta de la reunión donde conste la aprobación del presupuesto y la derrama. Recuerda que la obra requiere doble mayoría: más de la mitad de los vecinos presentes y ausentes representados, sumando además más de la mitad de las cuotas de participación. Sin ese documento firmado, ningún instalador serio aceptará el trabajo, porque el presidente no tiene potestad para comprometer económicamente a la comunidad fuera de lo aprobado.
El orden en que se piden los datos del edificio a los instaladores
Antes de que ELEVACAT busque ofertas por la Región, la comunidad necesita una ficha común. No vale con decir «somos un bloque de cuatro plantas». Hay que medir el ojo de la escalera y el patio, anotar cuántas viviendas hay en cada rellano y la altura libre disponible. También conviene fotografiar los accesos desde la calle y cualquier obstáculo visible.
¿Por qué tanto detalle? Porque si no, cada instalador va a su aire. Una mide con cinta métrica antigua y otra calcula por planos del arquitecto; al final, las cifras no cuadran y es imposible comparar precios. Este trabajo lo puede hacer la propia junta en una tarde: basta con una cinta métrica, papel y móvil para tomar fotos claras.
Tener esos datos ordenados evita sorpresas luego. La empresa ya sabe qué cabe en el hueco y qué permisos municipales tocarán, sin tener que volver a visitar el sitio solo para confirmar medidas básicas. Así, cuando lleguen las propuestas, todas partirán del mismo plano real y la decisión será mucho más sencilla.
Reunir a doce propietarios y dejar constancia de cada acuerdo
Cuando no hay administrador, la junta se convoca por escrito y con orden del día claro. Hay que demostrar que cada vecino recibió el aviso, sea mediante correo certificado o entrega personal firmada. En edificios pequeños de Murcia o Cartagena, es frecuente saltarse estos pasos para ahorrar tiempo, pero eso invalida las decisiones. Sin un libro de actas donde consten las cuotas de participación y los votos, ningún acuerdo tiene valor legal frente a una licencia municipal o una solicitud de subvención autonómica.
El error más habitual es confiar en conversaciones informales. Lo hablado en el rellano no sirve si luego falta la firma del presidente en el acta. La Ley de Propiedad Horizontal exige mayorías específicas y plazos exactos para notificar a ausentes. Una derrama aprobada sin este protocolo puede anularse, dejando a la comunidad sin cobertura para instalar un ascensor o adaptar la entrada. Mejor dedicar una tarde a redactar bien el documento que perder meses intentando justificar lo acordado entre pasillos.
Cuándo compensa contratar a un profesional solo para la obra
Contratar a un profesional solo para gestionar la burocracia suele salir bien cuando el edificio tiene locales comerciales, porque sus titulares rara vez tienen prisa por subir al ascensor. También ayuda si los vecinos no se ponen de acuerdo en la junta o si hay que pedir las ayudas autonómicas para accesibilidad, que llegan hasta el 80 % del coste si hay discapacidad. En esos casos, esta persona no toca la obra, pero sí vigila los plazos y coordina con el técnico que firma el proyecto.
Para que la comunidad no pierda el control, conviene dejar por escrito qué gestiona exactamente: tramitar la licencia municipal, preparar los documentos para la CARM y controlar los pagos según avance el montaje. Así, quien administra la finca sigue decidiendo quién hace la instalación tras comparar las ofertas de empresas locales. Si algún propietario ausente no se opone en treinta días, su voto cuenta como favorable; tener a alguien pendiente de estos detalles evita sorpresas legales y mantiene el expediente ordenado sin depender de la buena voluntad de todos.
Los pasos del expediente del ascensor que no admiten improvisación
El recorrido arranca con una junta que aprueba la obra. En Murcia, Cartagena o Lorca, el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal exige doble mayoría: más de la mitad de los propietarios y más del 50 % de las cuotas. Ojo al silencio: si alguien no asiste pero está notificado, cuenta como favorable si no se opone en treinta días naturales. Con el acta firmada por quien presida la comunidad —que puede ser también el administrador si los estatutos lo permiten—, se encarga el proyecto a un técnico colegiado. Su firma y visado son imprescindibles para pedir la licencia municipal, un trámite que frena cualquier improvisación.
Con la licencia en mano, la junta contrata al instalador elegido. Aquí ELEVACAT ayuda comparando ofertas locales sin entrar en el montaje. La obra acaba legalizándose ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma e inscribiendo el aparato en el registro oficial con una empresa conservadora habilitada. Esa alta inicial es obligatoria; sin ella, el ascensor no funciona legalmente. El presidente debe firmar las solicitudes de licencia y los documentos de legalización final. Para ver cómo coordinamos estas fases críticas, consulta nuestros servicios.